Claves de la reciente reforma de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales (II)

Claves de la reciente reforma de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales (II)

15:09 27 septiembre in Blanqueo de Capitales
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Cómo diseñar un plan de acción que adapte los sistemas de PBC-FT a las novedades introducidas en la reforma.

NUEVAS OBLIGACIONES PARA ALGUNOS SUJETOS OBLIGADOS

La reforma de la Ley 10/2010 de PBC-FT, en vigor desde el pasado 4 de septiembre de 2018 con la publicación en el BOE, el mismo día, del Real Decreto-ley 11/2018 por el que se transpone la IV Directiva de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, supone modificaciones generales en los sistemas de PBC-FT implantados por los sujetos obligados, como los canales de denuncia, la determinación de indicadores para determinar el control para identificar el titular real que, entre otros, serían los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio y el artículo 22 de la Directiva 2013/34/UE, la conservación de documentos, etc.

No obstante, hay modificaciones que afectan a determinados sujetos obligados como a casinos y empresas del juego, los prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos o los comerciantes de bienes que aun siendo sutiles pueden conllevar un fuerte impacto.

NUEVO REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS A SOCIEDADES Y FIDEICOMISOS

Por ejemplo, se modifica el artículo 2.1.o) de la Ley 10/2010, y pasa de referirse a las personas que con carácter profesional y con arreglo a la normativa específica que en cada caso sea aplicable presten los siguientes servicios “a terceros” a “por cuenta de terceros”.

Además, el servicio que anteriormente se definía como el de ejercer funciones de “secretaría de una sociedad” pasa a convertirse en el de ejercer funciones “de secretarios no consejeros de consejo de administración o de asesoría externa de una sociedad”.

Adquiere así una mayor importancia para los sujetos obligados el determinar si se encuentran dentro de los prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos ya que el Real Decreto-ley 11/2018 dispone una disposición adicional única para la Ley 10/2010 en la que regula un “Registro de prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos”.

De esta forma, las personas físicas o jurídicas que de forma empresarial o profesional presten todos o alguno de los servicios descritos en el artículo 2.1 o) LPBC-FT deberán, previamente al inicio de sus actividades, inscribirse de forma obligatoria en el Registro Mercantil competente por razón de su domicilio; con lo que se establecen una serie de obligaciones y procedimientos que dependerán de si el sujeto obligado es una persona física o jurídica de naturaleza empresarial o profesional.

LIMITACIONES DE PAGO EN COMERCIO DE BIENES

Otra modificación a analizar particularmente es la que se introduce en el artículo 38 Comercio de bienes al mencionarse las limitaciones de pagos en efectivo establecidas en el artículo 7.Uno de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude (limitación de pagos en efectivo a partir de 2.500 euros); concretar los cobros o pagos de las transacciones se efectúen por personas físicas no residentes; y que el importe ha pasado de 15.000 a 10.000 euros.

CAMBIOS EN LAS OBLIGACIONES DE GRUPOS DE SOCIEDADES

También hay modificaciones concretas que afectan a los grupos de sociedades, como la obligación de que el representante ante el SEPBLAC sea único, debiendo de ejercer cargo de administración o dirección de la sociedad dominante del grupo, y residente en España.

En definitiva, sujetos obligados deben  analizar el impacto de la reforma en su sistema implantado de PBC-FT con objeto de diseñar un plan de acción que adapte los sistemas de PBC-FT implementados a la reforma.

Finalmente, estimamos que la implementación de estas modificaciones normativas supondrá para los sujetos obligados la realización de informes completos de experto externo en la próxima fecha de referencia y no el informe de seguimiento previsto en su caso.

 

Joaquín Mena
Socio Bonatti Compliance.

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