Claves de la reciente reforma de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales (I)
Cómo diseñar un plan de acción que adapte los sistemas de PBC-FT a las novedades introducidas en la reforma.
La publicación en el BOE, el pasado 4 de septiembre, del Real Decreto-ley 11/2018 por el que se transpone la IV Directiva de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, introduce una serie de reformas que afectan en mayor o menor medida a todos los sujetos obligados.
Canal de Denuncias de los Sujetos Obligados
Entre las medidas generales podemos resaltar la obligación de implementación, por parte de los sujetos obligados, excepto aquellos que pudieran exceptuarse reglamentariamente, de un procedimiento interno de comunicación para que sus empleados, directivos o agentes puedan comunicar, incluso anónimamente, información relevante sobre potenciales incumplimientos de la Ley 10/2010, su normativa de desarrollo o las políticas y procedimientos implantados para darles cumplimiento cometidos en el seno del sujeto obligado.
Cabe considerar que estos procedimientos podrán integrarse en los sistemas de canales de denuncias que ya tuviera el sujeto obligado implantado para la comunicación de informaciones relativas a la comisión de actos o conductas que pudieran resultar contrarios a la restante normativa general o sectorial que les fuere aplicable.
Asimismo, a estos sistemas y procedimientos les será de aplicación lo establecido para los sistemas de información de denuncias internas por la normativa de protección de datos de carácter personal.
NUEVO PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN DE INFRACCIONES Al SEPBLAC
Esta medida resulta complementaria del nuevo procedimiento de comunicación de infracciones al SEPBLAC, por el que los empleados, directivos y agentes de los sujetos obligados que conozcan hechos o situaciones que pudieran ser constitutivos de las infracciones contempladas en la Ley 10/2010 podrán ponerlas directamente en conocimiento del Servicio Ejecutivo de la Comisión.
INCREMENTO DE LAS SANCIONES Y NUEVOS RIESGOS REPUTACIONALES
Todo ello, unido a la espectacular subida de los importes máximos de las sanciones, y de los nuevos parámetros para su cálculo, junto a la publicación de las sanciones prevista en el BOE y en la web del SEPBLAC, hace que se deba incrementar las medidas de aseguramiento adecuadas para la implementación del sistema de PBC-FT por parte del sujeto obligado.
Se hace evidente que, tanto para los sujetos obligados como para sus cargos de administración y dirección, se ha incrementado el riesgo patrimonial (por las potenciales cuantías de las multas) como el riesgo reputacional (por las publicaciones previstas) derivados de la comisión de infracciones de la Ley 10/2010. Además, se introduce por el Real Decreto-ley como sujeto potencialmente infractor a la función de experto externo.
Así, de una sanción máxima prevista de 60.000 euros para cargos de administración y dirección del sujeto obligado, en el caso de que fueran responsables de una infracción grave, se pasa a una sanción máxima de 5.000.000 de euros, adicionando la modificación de la Ley 10/2010 la función de experto externo.
En definitiva, las modificaciones son substanciales por lo que cada sujeto obligado debe analizar el impacto de la reforma en su sistema implantado de PBC-FT con objeto de diseñar un plan de acción que adapte los sistemas de PBC-FT implementados a la reforma.
NECESIDAD DE REALIZAR NUEVOS INFORMES DE EXPERTO EXTERNO A PARTIR DE LA REFORMA
Finalmente, estimamos que la implementación de estas modificaciones normativas supondrá para los sujetos obligados la realización de informes completos de experto externo en la próxima fecha de referencia y no el informe de seguimiento previsto en su caso.
Bonatti Penal & Compliance
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